Entre los puntos que se abordaron destacan la convalidación del Real Decreto de desarrollo de la Ley del Catastro por el Tribunal Supremo; las impugnaciones de las compañías eléctricas en las cuotas tributarias y las actuaciones de la Federación en relación a la reforma de los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). En los pueblos cacereños que tienen una central hidroeléctrica en su término municipal, como Cedillo o Alcántara, se han hecho famoso los BICES. Ayer, esa palabra pasó de boca en boca, de alcalde en alcalde. 59 de ellos se reunieron en el Complejo Cultural San Francisco, en la capital, para debatir en torno a esas siglas, que identifican a los Bienes Inmuebles de Características Especiales. Esto es: aeropuertos, refinerías, plantas nucleares, centrales hidroeléctricas, pantanos... Hasta hace unos años, esa figura legal no existía. Surgió con la reforma de la Ley de Haciendas Locales, y unos años después empiezan a verse sus consecuencias, que son malas para las empresas privadas que gestionan esas infraestructuras, y muy buenas para las arcas de los ayuntamientos. Como prueba, un dato. Durante el año 2007, las localidades cacereñas recaudaron de las centrales hidroeléctricas algo más de 3,7 millones de euros. En 2008 superaron los 8,1. Es decir, más del doble. ¿Y por qué esa multiplicación que con tanto gusto han saludado los gobiernos locales reunidos ayer en Cáceres? En grandes líneas, la respuesta a esa pregunta es doble. Por un lado, la recaudación ha subido gracias a la aparición de la figura de los BICES, que permite a los municipios pedir el impuesto correspondiente a las compañías; y por otro, merced a la revisión del Catastro que comenzó en el año 2007 y concluyó hace unos meses. Esto último ha sido determinante, porque en la mayoría de los casos era algo que no se realizaba desde hacía diez y hasta veinte años o más. Muchos de esos 59 pueblos que forman la Asociación Provincial de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses tenían catastros absolutamente desfasados, de otra época, con tasaciones caducadas, muy por debajo del valor de mercado actual. Carreteras, túneles... Esa tarea ingente de ir renovando el registro de cada ayuntamiento la ha realizado la Federación Nacional que agrupa a estas localidades, que ha contado con la ayuda de los técnicos de la Diputación Provincial. Miguel Ángel Morales, presidente de la Asociación Cacereña y secretario general de la Federación Nacional, explica que esa modernización del catastro ha tenido un doble efecto. «Por un lado se han actualizado los precios, que estaban obsoletos y fuera del mercado, y por otro, ha permitido ampliar el catálogo de bienes por los que las centrales hidroeléctricas tienen que tributar». Se refiere Morales -que es alcalde de Cedillo- a las carreteras, los túneles, las tuberías, accesos, galerías y demás infraestructuras propias de este tipo de instalaciones. «Antes sólo pagaban por los terrenos anegados -explica el presidente del colectivo provincial-, en muchos casos una buena cantidad de hectáreas pertenecientes al municipio que incluían superficie fértil, pero ahora deben tributar por toda esa infraestructura que hace posible un negocio con el que las compañías consiguen cantidades ingentes de dinero». «Nos parece justo -reflexiona Miguel Ángel Morales- que una pequeña parte de ese beneficio repercuta en los pueblos». Hay municipios a los que la reforma legal les ha procurado una alegría importante. Por ejemplo, a Villasbuenas de Gata, que ha pasado de no recibir un céntimo por tener un pantano en su término municipal a ingresar más de cien mil euros durante el año pasado. O Cedillo, que sumó a sus arcas en 2007 la cantidad de 37.40 euros y durante el pasado ejercicio económico superó los 74.700. «En la mayoría de los casos, ese dinero se empleará en proyectos que generen mano de obra para familias de cada pueblo», vaticina Morales, que también es uno de los vicepresidentes de la Diputación Provincial. El cobro del impuesto a los BICES tiene, además, el respaldo del Tribunal Supremo. En una sentencia del pasado mes de octubre dio la razón a los ayuntamientos frente a la patronal de las compañías eléctricas, que no obstante, tienen otros frentes abiertos en los tribunales. En el caso de Cáceres, la principal afectada es Iberdrola, que aunque ha recurrido a la vía judicial, ha pagado esos impuestos. También ha cumplido la Confederación Hidrográfica del Tajo. De todo ello se habló ayer en la reunión celebrada en Cáceres, a la que acudieron el presidente y el asesor jurídico de la Federación Nacional. A la cita para hablar de los BICES acudieron representantes de los 59 pueblos de la Asociación Cacereña. No faltó ni uno.