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Balón de oxígeno para las arcas municipales
Javier Gonzalo Migueláñez
03/03/2010 9:28
Es sabido que el legislador en la Reforma de las Haciendas Locales llevada a cabo por dos leyes importantes, la 48/2002 y la 51/2002, creó una tercera categoría de bienes inmuebles (de características especiales o Bices), hoy textos Refundidos aprobados por Reales Decretos legislativos 1 y 2/2004 de 4 de marzo. En desarrollo de dichos textos legales, el Gobierno aprobó el RD 417/2006 de desarrollo de la Ley del Catastro, cuyo artículo 23 consideraba Bices a los de producción eléctrica que, de acuerdo con la legislación del sector se hallasen en régimen ordinario, es decir superiores a 50MW, centrales nucleares, embalses, autopistas de peaje, puertos comerciales, y aeropuertos; se privaba del concepto de Bices a las energías renovables o limpias que, sometidas al régimen especial no sobrepasaban 50 MW; tal Decreto fue declarado nulo en ese apartado que limitaba la categoría de BICES, de forma que desde la sentencia del Tribunal Supremo de 30-V-2007, no hay duda se consideran Bices. Desde las asociaciones municipalistas del sector, se defendió siempre ante los tribunales con la trascendental sentencia de 15-I-1998 donde el Tribunal Supremo ya calificó a las infraestructuras energéticas de bienes especiales, y las Cortes con la reforma referida, el reconocimiento de esta tercera categoría bienes, hoy felizmente ampliada a todas las instalaciones de producción de energía eléctrica. Se ha hecho justicia a los cientos de municipios, pese a las protestas de las eléctricas, porque lo que no parece saber el ciudadano es que la afectación territorial de los más de 1.000 municipios que tienen anegados sus términos por embalses, están despoblados y con el IBI-Bices están resurgiendo y atrayendo con nuevas infraestructuras como los parques eólicos, a inversores y vecinos que abandonaron el lugar o simplemente ciudadanos en busca de la paz del pueblo. Es de justicia resaltar no la voracidad municipal, sino la justicia tributaria municipal que preconiza la Constitución Española y que estas asociaciones municipalistas del sector se han ganado a pulso, luchando ante los tribunales y logrando cientos de sentencias favorables a tan justa tributación.
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