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EDITORIAL | Recuperar los embalses para recuperar Ourense

Ourense tiene enfrente el reto de retomar el control de sus ríos. En las dos próximas décadas caducará la concesión de un tercio del medio centenar de aprovechamientos hidroeléctricos que soporta la provincia. Casi todos son minicentrales, para los grandes embalses habrá que esperar más: Iberdrola, Naturgy y Endesa ya jugaron sus cartas para asegurarse prórrogas hasta el 2050 o 2060, en muchos casos venciendo con holgura los 75 años fijados por la Ley de Aguas de 1985. Esto es tan injusto como urgente es perfilar las estrategias públicas; qué defenderá la Xunta, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), las diputaciones y los concellos ante estos tres gigantes, gestores en Ourense de una treintena de centrales que les engordan los bolsillos mientras ahogan a la provincia en su propia agua. Básicamente, el modelo franquista que bebía del siglo XIX sobrevivió a la llegada de la democracia y llegó al nuevo milenio bajo las mismas coordenadas: mucho rendimiento, escaso retorno y nula preocupación ecológica.

Esto ha sido así por la connivencia del poder político central con las eléctricas -ahí están de recordatorio las puertas giratorias-, que no ha querido fijar resortes de actuación claros y sí les ha permitido dislocar la ley a su antojo. Por todo ello la historia energética es una sucesión de desgracias para Galicia, las Castillas y Extremadura. Convertidas en los 60 en el motor del desarrollo de España, la tarifa unitaria que se impuso trampeó el tablero. Ourense nunca sacó réditos de tener la décima parte de los megavatios de potencia hidráulica instalados en España: la electricidad no se paga más barato donde se genera y no se favoreció la implantación de nuevas industrias. Al contrario, las comarcas afectadas perdieron recursos naturales y el éxodo humano se aceleró en estos concellos, cada vez más dependientes de los impuestos de las hidroeléctricas -migajas para ellas, pero que suponen el 50% del presupuesto de Vilariño de Conso-. Posteriormente, PSOE y PP no movieron un papel -si acaso, los perdieron-. Y cuando llegó el momento se prorrogó el uso privado con la excusa de alguna mejora. Lo hizo Aznar y lo hizo Zapatero, con casos como el de Os Peares -149 años para Endesa/Naturgy-. En paralelo, el bum de las minicentrales llevó en los 90 a aumentar la presión sobre los ríos gallegos, frenada posteriormente por el bipartito. Pero el cambio de clima se encontró con el poder multinacional y límites competenciales, que por ejemplo minimizan el papel de la Xunta en la Miño-Sil. Esta cuenca depende de la Hidrográfica y por tanto del Gobierno, que tardó en endurecer condiciones y ahora aprueba esas megaestaciones de bombeo, vendidas como un hito sostenible cuando en realidad son especulación -almacenar agua para soltarla cuando sea más rentable- en zonas ecológicamente tan sensibles como la Ribeira Sacra o el Macizo Central. No es de extrañar que con privilegios e infraestructuras amortizadas estas multinacionales puedan llevarse a sus sedes fiscales unos 800 millones anuales solo en beneficios netos del agua gallega -sumando las otras energías el negocio se triplica-. En contrapartida, Galicia solo recibe las tasas municipales y el canon autonómico a los embalses -unos 12 millones al año desde el 2009-. El resto se marcha. También el tributo hidráulico estatal que recauda la CHMS desde 2013 y que apenas revierte en Ourense -por ahí se van una media anual de 50 millones-. Analizando el balance, sonroja escuchar a Iberdrola vender su apuesta por Galicia mientras deslocaliza el poco empleo directo que ya generaba -a favor de Salamanca, curiosamente cuna de su presidente, Sánchez Galán- y busca argucias para pagar todavía menos -el canon gallego, avalado por la UE, fue descongelado por el Supremo tras estar tres años frenado por el enésimo recurso de la hidroeléctrica vasca-. 

La falta de interés político por afrontar esta situación se aprecia desde en la nula información pública sobre las prórrogas de las concesiones a la pasividad para tramitar las reversiones -en la provincia ya han caducado dos y siguen enmarañados en la burocracia-. Pedimos transparencia, eficacia y visión: la recuperación de las centrales debe ir en el beneficio común, de Galicia, de Ourense y de los concellos más afectados. Esta es la reivindicación que lanzaron desde la federación de municipios con embalses: en el nuevo escenario deben ser primados, dentro de un enfoque solidario y sin tentaciones cortoplacistas, ya que el debate no puede limitarse a nivelar las cuentas por alcaldes que, a veces, ni siquiera viven en el concello que se les desangra entre los dedos. Como apunta el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en liza estará equilibrar lo que nunca ha estado equilibrado. El reto demográfico se juega en partidas como esta y para ello la CHMS tiene que implicarse y romper la tradicional tolerancia de los organismos de cuenca con las eléctricas. El ejemplo lo tiene en su homóloga del Ebro. Muy por delante del Gobierno, recuperó cuatro centrales, logró de Endesa una indemnización de 30 millones por estar 11 años beneficiándose en precario de un salto y ya opera otro con éxito -bajando sensiblemente el precio de la factura-. En Galicia Costa, la Xunta parece inclinarse por la gestión indirecta: tras vetar las nuevas concesiones con el Plan Hidrolóxico ahora tramita la recuperación de cinco minicentrales para subastarlas. Lo vital es que el beneficio repercuta en Galicia, que se cumplan las leyes -¿dónde está el caudal ecológico o las escalas?- y negociar el fin de esas concesiones abusivas. Y cuando no sean viables, sigamos a Francia: demoler el cemento y recuperar la vida de ríos cada vez más dañados y tan embalsados como el Sil -solo Iberdrola suma una docena de centrales en sus aguas, que llegó a secar en algún tramo durante las obras de Santo Estevo II y San Pedro-. El presidente de la CHMS exponía el problema cuando llegó. Ahora es el momento de que no lo olvide. Como apunta el Observatorio de Sostenibilidad, es cuestión de estado. 

Porque este no es un debate izquierda-derecha ni nacionalismo-centralismo. Hablamos de políticas solidarias y de compensación -económica y fiscal- tras tantos años de crónico maltrato. Un personaje tan poco radical como Alfredo Brañas ya alertaba a finales del XIX de la centrifugadora estatal. Y el propio Luciano Yordi de Carricarte, arquitecto de Velle, Castrelo y otros tantos embalses encargados por Barrié de la Maza, fue contundente en el análisis hace más de medio siglo: “Una región como la nuestra (Galicia), que lo ha dado todo para ayudar a resolver lo que fue un pavoroso problema eléctrico, debe exigir el montaje de industrias cuya base es la energía en su propio suelo, sin tener que enviar al exterior la mayor parte de la energía producida en su aprovechamiento”. Madrid debe atender a Galicia. Galicia debe ganar conciencia de Galicia. Y Ourense debe ver en sus ríos un eje de discusión pública y una palanca de desarrollo. 

Fuente: La Región