Artículo redactado por Rosendo Fernández, videpresidente de la Diputación de Orense y vicepresidente de la Federación.
La casualidad quiso que, tras finalizar la lectura de crónicas de emigración, abandono y esperanza, recopiladas en el pedagógico libro “La España despoblada” de Manuel Campo Vidal, irrumpiera de súbito la mayor subida de la luz en la historia; e inmediatamente, por si no fuese suficiente, la esquilma de los pantanos, desde Cáceres, pasando por Zamora y afectándonos en Ourense, como nunca recordábamos. El motivo, entre otras enseñanzas y discrepancias, por el que me resultó pedagógico el libro está en poder ratificarme sobre algo que barruntaba y que reproduzco en su propia versión: “Los pantanos no comenzaron con el régimen de Franco como sugería el NO-DO, antes de cualquier película… Sin las obras hidráulicas ya intensificadas desde finales del siglo XIX España se hubiera despoblado antes. Fueron vitales para el regadío y más tarde para la generación de electricidad… La falta de producción eléctrica en España, que provocaba cortes de suministro en ciudades y pueblos ya con electricidad, convirtió la política de construcción de presas hidroeléctricas en una constante en casi todos los gobiernos del siglo XX… Cuando Franco ganó la guerra civil en 1939, existían en España 210 presas construidas; durante su mandato de casi 40 años se construyeron 547 y, posteriormente, ya en democracia, otras 469. Podría decirse que, en un país de inestabilidad política acreditada, especialmente hasta la restauración de la democracia, el impulso de las obras hidráulicas fue la única política de Estado que no se discutió…”, escribe Campo Vidal.
¡Ah!, pero cuando aún estamos inmersos en el polémico debate sobre el precio más elevado de la luz, que estamos pagando desde el mes de julio, “La Región” informa: “El vaciado de embalses sigue y ya afecta al nivel de los ríos”. Y a partir de ahí se hacen inevitables los graves efectos secundarios al no cumplirse los caudales ecológicos, sobre fauna y flora piscícola, etc. Dada que la problemática no es local, nos dirigimos a la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales y Embalses (FEMEMBALSES), de la cual la Diputación de Ourense forma parte y ostenta la vicepresidencia, y se nos comunica de las quejas que está recibiendo y que “la Federación ya ha trasladado la problemática al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Secretaría de Estado para el Reto Demográfico, para que actúen de acuerdo a las normas de explotación… y no únicamente con los intereses económicos de las empresas hidroeléctricas”.
La pregunta no se hace esperar: ¿Por qué no se hace valer la Ley de Aguas, especialmente en lo referente a su artículo 55 del Texto Refundido, que permite restringir el uso del agua a empresas concesionarias para garantizar el consumo humano y los caudales ecológicos, abogando siempre por el uso racional del recurso hídrico? Llama poderosamente la atención el tibio pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), tan combativa –con razón en muchos casos-, pero que delante de la gravedad, más que presunto incumplimiento legal incluido, la mala praxis de las eléctricas en el Miño y el Sil –titular de “La Región” el 20 de agosto-, da a entender que es fuerte con los débiles y se hace el remolón con los fuertes, las empresas hidroeléctricas.