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La central Lafortunada-Cinqueta pasa a manos del Estado y se paraliza

Endesa recurrió la reversión en los tribunales pero dos años después la ha entregado

PLAN.- La central hidroeléctrica Lafortunada-Cinqueta ha pasado, por fin, a manos del Estado, y se ha paralizado la producción de energía. La concesionaria Endesa entregó la instalación en "parada segura" a la Confederación Hidrográfica del Ebro en noviembre, casi dos años después de la resolución del expediente de reversión del ministerio. Sin embargo, el traspaso se ha hecho sin ninguna compensación para los municipios afectados, Plan y Tella-Sin, que las exigen por ocupación de sus montes. Y, sorprendentemente, nadie ha hecho pública esta entrega, que tampoco responde a ninguna sentencia, a pesar de que el asunto está judicializado por todas las partes.

Tanto la CHE como Endesa confirmaron este martes a este diario que se había producido la entrega, aunque sin dar detalles. La central de Lafortunada-Cinqueta, la mayor del Pirineo aragonés junto con Lafortunada-Cinca que están en el mismo edificio, ya no turbina desde hace más de dos meses y se pierden unos beneficios de unos 4 millones de euros anuales más IVA, según los municipios. Precisamente por su volumen de producción y por lo que significa en Sobrarbe y en el Pirineo en general, es el salto que más polémica y más recursos judiciales ha provocado.

Es la quinta central hidroeléctrica que revierte al Estado después de El Pueyo de Jaca, Auxiliar de Campo, Barrosa y Urdiceto. Excepto esta última, todas se han puesto de nuevo en funcionamiento con un contrato de operación adjudicado por la CHE. Sin embargo, nada se sabe de qué planes tiene el Gobierno central para sacar nuevas concesiones o si se exigirán beneficios para el territorio. Por el momento, la Confederación informa de que está "en tramitación" el contrato para poner en marcha el salto, igual que lo hizo con la central de Barrosa.

A la reversión alegaron los ayuntamientos de Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan, Adelpa (Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés), con el respaldo de la Diputación Provincial de Huesca, así como el Gobierno de Aragón. En general, no se oponían a que regresara a manos del Estado sino que querían conseguir en este cambio y en las futuras fórmulas de explotación unos beneficios.

Por otra parte, Endesa recurrió en los tribunales la decisión del ministerio de que la explotación pasara a manos del Estado, según la resolución emitida el 18 de diciembre de 2017, que llegó diez años más tarde de que venciera la concesión en 2007 y tras caducarse el primer expediente que se abrió y que tanto revuelo causó. Ahora, aunque no hay sentencia judicial, la empresa ha entregado las instalaciones al Estado, en concreto a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), encargada de la gestión según la resolución.

Endesa explotaba la concesión con un contrato con Acciona al que esta última ha renunciado, según el teniente de alcalde de Plan, Miguel Lacambra, y esa podría ser la causa de la entrega. Además, apunta que el Gobierno de Aragón todavía no ha hecho el cambio de titularidad. La DGA no puso objeciones al mismo trámite en el caso de Barrosa, lo que provocó protestas. Ahora, está paralizado porque el Ejecutivo se posicionó a favor de los ayuntamientos y de reclamar compensaciones. "Se trata de llegar a un acuerdo con las compensaciones porque los terrenos donde están los canales son montes municipales y si no hay canal no hay presa", indica Lacambra. "El sistema que escoja el Estado, si lo saca a concurso, nos da igual, lo que queremos como afectados es un porcentaje de los beneficios, del 20 o el 25 %", detalla. Además, confía en que el Estado reclame a Endesa los 12 años que lleva explotando la instalación tras caducar la concesión.

"A fecha de hoy no baja agua por el canal, lo que significa que no turbina", asegura Lacambra. "Hicieron una obra de impermeabilización del aliviadero de la presa de Plandescún, que es lo que le pidió Confederación, ya que se tiene que entregar en perfecto estado de uso", recuerda Lacambra. "Hicieron la obra pero sigue perdiendo", apostilla el alcalde, José Serveto.

Por el momento, la única repercusión económica que tenían, el cobro del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), ya lo han perdido porque las empresas lo abonan pero el Estado queda exento. Para el Ayuntamiento de Plan, según explicó este martes su alcalde, José Serveto, supone un ingreso de más de 13.000 o 14.000 euros al año.

"Nos apoya la Diputación, la ministra, el secretario de Estado... y todos han aprobado no sé cuántas declaraciones de apoyo pero la realidad es que la central está parada", dice Lacambra.

Fuente: Diario del Alto Aragón